Un estudio comparativo de las economías peruana y chilena difundido recientemente por Standard & Poor´s destaca el crecimiento experimentado por nuestro país durante la última década, pero observa un mejor desempeño chileno en lo referente a la calidad de los servicios públicos e inversión en infraestructura.
El informe de la calificadora norteamericana vuelve a poner sobre el tapete el escaso avance logrado en la reforma de las prestaciones del Estado peruano, que junto al crónico déficit en infraestructura son aludidos como los dos factores que nos mantienen a la zaga del vecino sureño. Un artículo del El Mercurio de Chile corrobora estos datos señalando que mientras el promedio mundial para iniciar un nuevo negocio es de 38 días, en nuestro país los trámites pueden sobrepasar los dos meses.
La entrada en vigencia de la Ley del Silencio Administrativo, en enero de 2008, supuso un progreso frente a las engorrosas diligencias que los ciudadanos deben efectuar en las instancias públicas. Sin embargo, clamor del propio presidente de la República en las últimas semanas, la burocracia tiene que hacer más por agilizar sus procedimientos. Ya sabemos que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para erradicar la pobreza. Y es claro que a partir de este año –esperemos que no por más de uno o dos- el PBI exhibirá índices magros en comparación con los del último quinquenio.
La razón por la que Alan García reclama rapidez es sencilla: mientras la inversión social, vinculada al desarrollo de infraestructura sanitaria, educativa, de salud y de comunicación no muestre eficiencia y mayor celeridad, difícilmente lograremos reducir los niveles de pobreza. Esta es una tarea en la que el Estado y otras instancias de administración pública tienen una intervención protagónica, y en ese sentido habría que celebrar que se hayan dado los primeros pasos en favor de las asociaciones público-privadas, que a la par de acelerar la inversión en infraestructura, garantiza en el caso de las AFP la rentabilidad de los fondos a mediano y largo plazo. Finalmente, un Estado haciendo su trabajo representaría una valla infranqueable para las alternativas afiebradas que pudiesen surgir en la contienda de 2011.
Si bien Standard & Poor´s atribuye la ventaja que nos lleva Chile al hecho de que ellos iniciaron las reformas estructurales dos décadas antes, cabe reconocer que dicho país ha logrado instituir un cuerpo de gerentes y funcionarios públicos donde prácticamente no asoma la corrupción, algo que en el Perú sigue siendo un escollo pernicioso, persistente y costoso. Ojalá empezáramos a emular al vecino sureño también en este aspecto.
